Los acusan de incumplir deberes de funcionario público Ampliaron la denuncia contra el directorio de Télam

La comisión interna de los trabajadores de Télam amplió la denuncia penal contra los miembros del directorio de la agencia de noticias por incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello y afecta a Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, la cúpula de Télam responsable de los 357 despidos del 26 de junio pasado.

La denuncia ampliada se basó en la oficialización del llamado “Plan Estratégico” con el que la cúpula de Télam pretende cerrar el área de publicidad. Los delegados aducen que eso no se puede hacer sin una ley que lo autorice. La medida se pretende hacer de facto e implica cesantear a los 92 trabajadores del área.

Según la denuncia ampliada, los tres directores presentaron al ministerio de Trabajo “un plan de ‘reconversión’ de la empresa que viola las normas vigentes (el Estatuto Social de Télam, el decreto 2507/2002, la ley 20.705, entre otras), ya que ordena la eliminación de la función publicitaria de Télam S.E. Ese acto, que debe contar mínimamente con la reforma previa del secreto 2507/2002; que requiere además en una interpretación razonable la autorización legislativa pues se trata del cierre de la mitad de la empresa, fue realizado de facto, sin consulta, sin autorización legislativa, sin autorización de una norma del Poder Ejecutivo”. Aducen que la conducta es “ilegal” y violatoria del Código Penal.

El plan que motivó la ampliación “dispone para el cumplimiento de su función legal publicitaria el despido de la totalidad del personal: el plan detalla que existían 92 trabajadores asegurando esa tarea y acredita que los 92 fueron despedidos y que no serán reemplazados”; y fue refrenado en las actas del directorio por los tres acusados.

Echar a todo el personal implica violar el decreto 2507/2002, de acuerdo a la denuncia, no se planteó modificación de esa norma. Las cesantías implicar, además violar obligaciones legales que el Estatuto Social confiere a la agencia. Tampoco se planteó modificar el Estatuto. Y también se actúa “sin la imprescindible autorización del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

En la denuncia original, también en manos de Casanello, se investiga al directorio de Télam por no ir a trabajar, en el marco de un lock-out patronal como respuesta a la protesta a los trabajadores.

Desde que comenzó el conflicto, con el despido de un 40 por ciento de la planta de Télam, se calcula que en los 45 días siguientes se dejaron de publicar 15.234 cables, 2025 informes de video, 1125 boletines de radio y hay 12 millones de fotos disponibles en el archivo que no se están ultilizando.

Entre los despedidos están las seis periodistas especializadas en género y se cerraron 6 de las 27 corresponsalías, mientras que 14 quedaron sin funcionamiento operativo por quedar a cargo de una sola persona, en algunos casos, es un administrativo. Además, hay 275 medios abonados directos del interior que se quedaron sin servicio. El plan de lucha continúa para revertir la situación.