Un contraalmirante en actividad denunció por falso testimonio al ex jefe de la Armada
En sus dos declaraciones testimoniales, Srur, que fue desplazado del cargo como consecuencia de la desaparición del submarino, sostuvo que tanto López Mazzeo como Villamide eran los responsables de informarle a él, como máxima autoridad de la fuerza en ese momento, que la nave había sufrido un deterioro importante en el viaja anterior que había realizado, desde principios de julio de 2017 hasta el 17 de ese mes. “Yo no estaba enterado de esa situación, si lo hubiese sabido, el submarino nunca habría zarpado para su última misión”, sostuvo Srur.
Según informó PáginaI12 en su momento, la declaración de Srur ante la Comisión Bicameral se dividió en dos etapas: una secreta porque se trataron temas “que hacen a la seguridad nacional” y otra pública, en la que estuvieron presentes siete familiares de los 44 tripulantes del submarino. El diputado nacional Guillermo Carmona, del FpV, se opuso a que la sesión fuera secreta, pero le dijo a este diario que “lo que dijo Srur ante los familiares no difiere mucho de lo que había señalado antes”.
Srur recordó que fue él, antes de que el gobierno lo hiciera renunciar al cargo, quien tomó la resolución 168/17 por la cual López Mazzeo y Villamide fueron separados de sus cargos por la apertura de un sumario en el cual se los investigaba por lo ocurrido en los meses previos a la partida del ARA San Juan. Ahora, el ex jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano salió con los tapones de punta contra Srur. La preocupación de López Mazzeo se debe a que en la causa judicial que tramita en Caleta Olivia se están analizando los informes emitidos por autoridades de la Armada que señalaban claramente que el ARA San Juan tenía problemas de fondo que debían ser solucionados ante de emprender cualquier misión.
Según informaron a PáginaI12 fuentes allegadas a la investigación que se lleva adelante en Caleta Olivia, la presentación de López Mazzeo se hizo ante el juzgado de la doctora Yáñez. Desde hace meses, el ex jefe de la Base de Puerto Belgrano viene reclamando el cierre del sumario administrativo que les abrió Srur a él y a Vilamide, donde se expresan las mismas imputaciones que luego fueron ratificadas en Caleta Olivia y ante la Bicameral. El enojo de López Mazzeo incluye en cierto modo al ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien sigue sin dejar sin efecto el sumario abierto por Srur, a pesar de lo que le habría sugerido el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Juan Manuel Mocoroa. El titular de Asuntos Jurídicos viene acompañando al ministro en todo lo relacionado con el ARA San Juan, tanto en las cuestiones judiciales como en lo que atañe a la difícil relación con los familiares de los 44 tripulantes.
En su réplica a Srur, el ex jefe de Alistamiento y Adiestramiento sostiene que “no hubo errores ni negligencia alguna” en todo lo relacionado con el mantenimiento del submarino. Al exponer ante la comisión Bicameral que investiga la desaparición de la nave, el marino ya había asegurado que presentaría una querella contra Srur por falso testimonio. “Se me endilga no haber tomado ninguna medida de control desde noviembre del 2016 hasta el 15 de noviembre del 2017 cosa que no ha sido así”, aseguró López Mazzeo.
El marino sostuvo, además, que el capitán del submarino, Pedro Martín Fernández, “era extremadamente puntilloso”, pero de todas maneras cargó contra quien por obvias razones no tiene posibilidad de asumir su defensa: “Era muy cuidadoso, pero no se puede afirmar que no hubo falla humana” desde la última comunicación enviada desde la nave. “Tampoco podemos saber si en el proceso de ir a plano profundo con el submarino no se produjo algún error o una falla” que provocó la tragedia.
López Mazzeo viene sosteniendo que tiene “absoluta confianza en los hombres de la Armada” que estuvieron bajo su mando durante la emergencia que se produjo a partir del 15 de noviembre del año pasado, cuando se produjo la desaparición del ARA San Juan. Por esa razón “no puedo poner en duda la profesionalidad de los hombres que tenían esa responsabilidad”. En ese aspecto, precisó: “No encontré errores o falencias en su proceder ni antes de la zarpada ni con posterioridad”. Reconoció de todos modos, antes los legisladores y los familiares de los submarinistas, al declarar en el Congreso, que “la Armada y el país están en deuda con los tripulantes
López Mazzeo, quien fue separado de la fuerza poco después de la desaparición del submarino, agregó que tampoco notó “falencias en las reparaciones de mantenimiento, y mucho menos negligencia”. En su controversia con Srur, el marino mencionó varios ejercicios de navegación y mantenimiento realizados en la nave y afirmó estar “convencido de que el submarino naufragó dos horas después de su última comunicación”.
Al margen de la controversia Srur-López Mazzeo, por encima de ella, algunos legisladores que integran la Bicameral están señalando que hay elementos para procesar, en la causa de Caleta Olivia, a varios de los altos jefes que declararon ante la jueza Yáñez, y en el concepto incluyen al ministro de Defensa, Oscar Aguad, porque “sigue ocultando información que es vital para conocer la verdad de lo ocurrido”, le dijo a este diario la senadora por Río Negro Magalena Odarda.
La legisladora recordó que uno de los testigos de bajo rango que declararon en el Congreso, el suboficial primero Rubén Darío Espíndola, “aportó nuevos datos fundamentales sobre las últimas comunicaciones del submarino”. Espíndola, quien el 15 de noviembre de 2017 cubrió el puesto de guardia como supervisor de comunicaciones de la Base Naval Mar Del Plata, dijo que “el día de la desaparición del submarino, a las 02:18 p.m., recibió tres intentos de comunicaciones fallidas a las tres frecuencias radiales asignadas al San Juan”. Odarda recalcó que “el dato es de vital importancia en la investigación, porque si se trató efectivamente del ARA San Juan y los superiores de Espíndola lo pasaron por alto, estamos hablando de negligencia en horas clave para el rescate”.
Estas son algunas de las tantas dudas que persisten y que no han sido debidamente aclaradas por las más altas autoridades de la Armada y del gobierno nacional.
