La decisión de no frenar la baja de retenciones a la soja restará 8000 millones de pesos de la recaudación

El combo de dólar alto con rebaja gradual de retenciones a la soja en medio de un fuertísimo ajuste fiscal es tan insólito que recibe cuestionamientos por parte de los aliados radicales de Mauricio Macri, economistas afines e incluso del FMI. La divisa norteamericana subió durante la gestión de Cambiemos de 9,76 a 27,95 pesos, lo cual se traduce en una sobreganancia para los terratenientes. Sin embargo, el Gobierno aumentó ese diferencial positivo al eliminar retenciones al trigo, el maíz y otros cultivos y también para la minería y reducirlas para la soja. Incluso en este nuevo contexto macroeconómico de austeridad, el Presidente Mauricio Macri eligió mantener la rebaja de impuestos para los sojeros. Al mismo tiempo, Macri pide que el esfuerzo del ajuste sea compartido para justificar la rebaja de jubilaciones, despidos en el Estado o recorte de pensiones por invalidez. Teniendo en cuenta la caída de la producción en un 30 por ciento por la sequía, este año el Estado argentino dejará de percibir unos 8 mil millones de pesos sólo por el cronograma de rebaja gradual de retenciones a la soja, lo cual sumaría 20 mil millones si se tiene en cuenta para este año el recorte de 5 puntos a la soja implementado al comienzo de la gestión Cambiemos. En 2019, la recuperación de la cosecha y retenciones todavía más bajas ampliarán el impacto fiscal negativo.

A la par de la primera devaluación que llevó el dólar oficial a 15 pesos, el Gobierno de Cambiemos, en sus albores, eliminó las retenciones al trigo, maíz, carne y productos regionales y redujo la alícuota en cinco puntos porcentuales (hasta el 30 por ciento) para la soja. También se eliminaron retenciones para los productos manufacturados y para la minería. Además, desde enero de este año rige una rebaja de medio punto porcentual en las retenciones a la soja, cronograma que no se modificó a pesar de la última suba del 50 por ciento en el dólar.

Impacto fiscal

Según datos del CEPA, considerando para 2018 la liquidación de la cosecha del primer semestre y estimando el segundo semestre a partir de considerar las variaciones mensuales del año 2017, el impacto fiscal de la rebaja mensual de retenciones alcanza casi los 300 millones de dólares. Si se considera un tipo de cambio promedio entre enero y junio de 2018 y las expectativas del Banco Central para el período julio-diciembre de 2018, el costo fiscal de la medida implementada este año alcanza casi los 8 mil millones de pesos, mientras que si se le adiciona la reducción de 5 puntos originales de diciembre de 2015 la suma alcanza los 20 mil millones de pesos.

Los datos de 2018 están sensiblemente afectados por la sequía, que redujo en más de un 30 por ciento la cosecha sojera. Es decir que si bien el impacto fiscal es fuerte, para el año que viene sería mucho más impactante. Sólo la recuperación de la producción de soja a los niveles de 2017 y con retenciones que terminarían el año en el 18 por ciento (desde el 26,5 por ciento actual) multiplica el esfuerzo fiscal. Eso sin contar nuevos saltos cambiarios.

Fuego amigo

Los cuestionamientos al Gobierno empiezan por su mejor amigo en estos tiempos, el propio FMI. Los técnicos del organismo consideran que sería conveniente para apoyar la mejora de las cuentas fiscales dejar las retenciones en un 25,5 por ciento, o sea, dejar sin efecto la reducción progresiva de la alícuota a partir de septiembre de 2018. Así lo habían consensuado con el propio gobierno, aunque finalmente el gobierno decidió dar marcha atrás por la presión de la Mesa de Enlace. El CEPA calculó que un freno a la baja gradual de retenciones implicaría para 2018 volver a recaudar unos 445 millones de pesos pero mucho más el año que viene.

“Yo creo que hay que frenar por un tiempo la baja de retenciones a la soja, pero no porque sea un impuesto bueno, sino porque no hay plata. Son un mal necesario en mitad del ajuste que hay que hacer”, tuiteó Luciano Cohan el pasado miércoles. Cohan fue hasta mediados de junio subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Nicolás Dujovne. Ahora volvió a la dirección de la consultora Elypsis, fundada por Eduardo Levy-Yeyati, economista de Cambiemos. Además, Cohan realizó informes del sector agropecuario para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ese tuit le valió cientos de comentarios de usuarios que le recordaban que el Gobierno está para achicar el Estado, no para “castigar” a la producción. “Lamento mucho la reacción al tuit, sobre todo la de trasnochados que me acusaron de `enemigo del campo`. Quienes me conocen saben que hace años trabajo con y estudio la agroindustria. Ya tendré oportunidad d desarrollar la idea. Veo que el horno no está para bollos”, se descargó el otro tweet.

“El horno está para bollos. Fuerza Luciano”, le dedicó Pablo Gerchunoff, investigador de la Universidad Di Tella y usual defensor de las políticas económicas de Cambiemos. “Retenciones moderadas hoy o nacionalización del comercio de granos en dieciocho meses. Me temo que hay que elegir”, agregó Gerchunoff en el tweet siguiente. “Algunos amigos creen que tengo una postura antiagraria. Yo creo que a la par de aumentar retenciones, con tcr -tipo de cambio real–alto, hay que reducir aranceles de insumos y reintegros a las exportaciones. A la manera del combativo líder ultraizquierdista Krieger Vasena”, siguió Gerchunoff. La referencia irónica a Adalbert Krieger Vasena, ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía no es casual.

El historiador Mario Rapoport describe que “el plan implementado en 1967 –el plan de Krieger Vasena–contenía un conjunto de medidas entre las que se destacaba una ´sobredevaluación compensada´ del peso. La divisa norteamericana pasó de 255 a 350 pesos. De este modo se intentaba acabar con la dinámica especulativa reinante, originada en las expectativas de devaluaciones futuras (…). Sin embargo, la devaluación provocaba una profunda alteración de los precios relativos que producía importantes transferencias de ingresos. Por eso, se trató de compensar sus efectos a través de medidas complementarias (…). Se destacó la implementación de un impuesto a las exportaciones que oscilaba entre el 16 y el 25 por ciento y afectaba en particular a las exportaciones tradicionales. Al descontar el tributo, los exportadores no recibían gran parte del incremento del ingreso provocado por la devaluación y el Estado se apropiaba de ese excedente que habrían obtenido sobre todo los terratenientes”. El plan económico liberal de Onganía que golpeó sobre los trabajadores contó con la aprobación del establishment local e internacional, plasmado en un acuerdo Stand-by con el FMI.

El dirigente radical Federico Storani señaló días atrás que “en un momento de crisis, quienes tiene que soportar la crisis son los que tienen mayor concentración de ingresos. Hay momentos en que la crisis es tan profunda que se debe detener la baja de retenciones al agro, es un sector que tiene suficientes reservas como para hacer un mayor esfuerzo, igual que las mineras”.  Según trascendidos, los radicales encabezados por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo le transmitieron a Macri la idea de frenar la baja de retenciones a la soja, pero el presidente se negó.

El ex director del Banco Nación y espada del PRO, Carlos Melconian, advirtió sobre el tema retenciones. “El plan A consistía en planillas de Excel y superoptimismo. No va más. El B está en marcha y consiste en el acuerdo con el FMI, con dos desafíos: controlar la presión cambiaria y empezar a bajar la tasa de interés, cumpliendo con metas fiscales. Más a futuro, hay un plan C con mayores dosis de heterodoxia: devaluación más pronunciada con retenciones. Si nada funciona, en el horizonte podría aparecer el D, con más controles de capitales y regulaciones”, señaló Melconian.

Otro economista cercano al Gobierno, Eduardo Levy-Yeyati, consideró en una entrevista publicada en El Cronista el pasado 29 de junio que “yo no descartaría que se postergue la reducción de las retenciones a la soja o que se tome esta postergación a cuenta de Ganancias a partir de cierta fecha. En la Argentina se da la situación de que todos los sectores sienten que ya hicieron su aporte y que ahora le toca al otro. El campo no es la excepción. Por eso decía que el ajuste pone a prueba la capacidad del Gobierno, y del Presidente de liderar un proceso de cooperación justa entre los actores”.

Eduardo Conesa, diputado nacional por el PRO-Ciudad de Buenos Aires hasta el año pasado, señaló en una entrevista publicada en el diario La Capital el domingo 20 de mayo que “lo que interesa es que las actividades agropecuarias y mineras sean rentables para que haya inversión. Pero son igualmente rentables con retenciones y puede haber mucha más inversión si el tipo de cambio es alto, porque así la tasa de interés interna es baja y esto facilita mucho la actividad económica y desinfla los costos de las empresas. Incluso los derechos de exportación pegan un golpe hacia abajo a los precios de muchas materias primas que, de esta manera, bajan la incidencia de éstas en el costo de producción. Por otra parte, si hay un tipo de cambio alto con derecho de exportación a las materias primas se facilita la industrialización y la generación de mayor valor agregado”.