Recomendación al Estado argentino a días del debate en Diputados La ONU, por el derecho al aborto de las adolescentes
“Ante todas las fantochadas que se dicen sobre que una ley que despenalice y legalice el aborto sería inconstitucional, el órgano que monitorea el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la Convención Internacional de Derechos del Niño le dice claramente al Estado que debe garantizar a las adolescentes los abortos seguros y la atención post aborto y además, ellas tienen que ser escuchadas”, destacó en diálogo con Página/12 la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Edurne Cárdenas. El CELS junto a otras 12 entidades de derechos humanos y niñez presentaron en abril un “informe sombra” sobre el avance y los retrocesos en relación a los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, en el marco de la evaluación periódica que le correspondía a la Argentina ante el Comité, con sede en Ginebra. Amnistía Internacional presentó también su informe alternativo al del Gobierno.
El Comité, que se reúne en Ginebra, es un organismo de las Naciones Unidas que tiene la función de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
Como respuesta a la presentación argentina, hoy se dieron a conocer las “Observaciones Finales”, que tienen fecha 1 de junio, donde marca preocupaciones y recomendaciones al Estado en relación al cumplimiento de la Convención.
Textualmente dice en su observación “32. b)” que la Argentina debe “asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para niñas adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
Uno de los aspectos que se incorporarían al dictamen sobre el aborto que se está discutiendo en la plenaria de comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Salud y Mujer, en la Cámara de Diputados tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años edad. Se remitiría el Código Civil y Comercial, que en su artículo 26 dice: “Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. Se espera que haya fuerte discusión sobre si una interrupción voluntaria de embarazo se debe considerar una intervención “invasiva”, o no. De acuerdo al Código Civil y Comercial, cuando no comprometa su vida, la práctica no requeriría del aval de un adulto responsable.
Por otra parte, en relación a la situación de los niños en conflicto con la ley penal, “el Comité de Derechos del Niño le dice al Estado Argentino que no quiera meter preso a pibes de 14 años, es decir que no baje la edad de punibilidad y que deje de acosar a niñas, niños y adolescentes con las fuerzas de seguridad, con la doctrina Chocobar, o sea que también le dice a Macri “basta de fusilar pibes”, detalló José Machaín, miembro del Observatorio de Derechos de la Infancia “Eduardo Bustelo” y ex consejero por la Legislatura en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires.
